Es un principio que establece la idea de lo razonable como criterio interpretativo frente a aquellas situaciones en que producto de errores, confusiones, de simulación o de fraude es necesario establecer el verdadero alcance de las cláusulas o de las situaciones jurídicas, para no generar arbitrariedades o injusticias que no resulten razonables.
Es decir, a través de este principio es posible medir la verosimilitud de una determinada explicación o solución.
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